Càritas y Esade presentan el informe «Exclusión compartida, vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social»

Martes, 4 de febrero de 2025. Esta mañana, Cáritas Diocesana de Barcelona y el Observatorio de la Vivienda Digna de Esade han presentado el informe que lleva por título “Exclusión compartida, vivir en una habitación en un contexto de exclusión residencial y social”. El informe se ha elaborado a partir de 62 entrevistas en profundidad a 50 personas y 4 grupos de discusión, con un total de 36 integrantes. La mayoría de las entrevistas se han realizado a personas de Barcelona y su área metropolitana, aunque también se han recogido testimonios de ciudades como Girona, Lleida o Tarragona.

“El objetivo principal del estudio es conocer, visibilizar y denunciar la realidad de las personas que viven en habitaciones, en un contexto de exclusión residencial y social”, ha explicado Guillermo Oteros, técnico del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Barcelona. En este sentido, Cáritas recuerda que, en 2023, más de 50.000 personas atendidas por las 10 Cáritas con sede en Cataluña vivían en habitaciones.

El estudio de Cáritas y Esade identifica las características de esta tipología de exclusión residencial, así como las implicaciones que conlleva en el día a día de las personas. “Las dificultades que provoca la exclusión residencial se acumulan a las otras dimensiones que sufren las personas en situaciones de exclusión social. Hay que situar esta realidad en el debate público, con el objetivo de que se implementen medidas que garanticen el derecho humano a una vivienda adecuada”, ha reclamado Ignasi Martí, director del Observatorio de la Vivienda Digna de Esade.

Los autores del informe constatan que vivir en una habitación ha pasado de ser una alternativa transitoria a ser una solución permanente. “Las crecientes dificultades para acceder y mantener una vivienda digna provocan que vivir en una habitación de un piso compartido acabe siendo la única alternativa para un gran número de personas en situación de exclusión social”, señalan. Una de las problemáticas que se deriva de esta situación es la inseguridad jurídica, ya que la mayoría de las personas no disponen de un contrato escrito. “La incertidumbre de poder perder el techo, de un día para otro, genera un estado de angustia y de inestabilidad permanente. Cualquier desacuerdo con quien ostente el título sobre la vivienda puede derivar en la pérdida inmediata del lugar donde vives”, ha indicado Oteros. Además, vivir en estas condiciones genera dificultades para empadronarse, ya que el titular de la vivienda o del contrato de alquiler puede negar o dificultar la opción de hacerlo. Ello supone, por ejemplo, no poder escolarizar al hijo o a la hija en la escuela del barrio o no tener acceso al CAP, entre otras cosas.

“Compartir vivienda con personas ajenas al núcleo familiar, vivir en una habitación con un espacio muy reducido y tener limitaciones genera un sentimiento de incomodidad que impide a las personas desarrollar sus vidas. La ausencia de espacio personal incide en la capacidad de llevar a cabo actividades cotidianas en un entorno seguro y cómodo”, ha seguido explicando Martí. La imposibilidad de disponer de un espacio propio para relajarse, descansar o reflexionar, combinada con las restricciones en el uso de los espacios compartidos, puede generar un constante estado de tensión y estrés, que acaba teniendo un impacto negativo en la intimidad, en la calidad de vida e incluso en la salud mental y emocional. “La incertidumbre de si se podrá seguir residiendo en la vivienda y los problemas derivados de la convivencia y de las restricciones en el uso de los espacios compartidos provocan un estado constante de preocupación y de angustia que, si se prolongan en el tiempo, pueden llegar a ser insostenibles y condicionar la salud mental y emocional de las personas adultas y de los niños que viven en ella”.

Asimismo, las limitaciones y restricciones establecidas en el uso de la cocina, de la sala de estar, del lavabo y demás equipamientos de la casa, como la lavadora o la conexión a internet, condicionan negativamente el día a día de las personas, especialmente en los casos de las familias con hijos. En este sentido, los autores del informe han querido alertar de los efectos que la exclusión residencial genera en los niños. “El esfuerzo que las familias con hijos tienen que hacer para lograr adaptarse y vivir en una habitación es incluso más duro. Viven en un entorno reducido sin estímulos, sin un espacio donde poder explorar, aprender, jugar o realizar los deberes de la escuela. La ausencia de este espacio puede afectar el comportamiento de los hijos e hijas, así como su desarrollo emocional y cognitivo”, han advertido.

Finalmente, el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, ha hecho un llamamiento a todas y cada una de las administraciones para resolver las deficiencias estructurales del mercado de la vivienda. “Necesitamos recuperar la función social de la vivienda, entenderla como un derecho y no como un bien especulativo”, ha señalado. Sala ha reclamado aumentar el parque de alquiler social, ofreciendo incentivos a los propietarios para que alquilen a un precio inferior al que establece el mercado, y fomentarlo a través de garantías de cobro y desgravaciones fiscales. También ha llamado a aumentar el gasto en vivienda sobre el PIB, con el objetivo de llegar a la media europea.

Para concluir su intervención, Sala ha reclamado ofrecer espacios y proyectos donde las personas se sientan partícipes, donde puedan tejerse redes de apoyo comunitario. “Ante el barraquismo vertical que supone vivir en habitaciones, es preciso que las administraciones y las entidades ayudemos a estas personas a arraigarse en el barrio, a establecer vínculos con la comunidad. Los efectos de vivir en condiciones de no-lugar, en una habitación, en un sofá, bajo un techo que no es un hogar, son muy nocivos, y hemos descubierto la necesidad de disponer de espacios comunes, donde las personas puedan encontrarse, relacionarse y hacer comunidad”, ha concluido.