Reflexiones en torno a la proposición de ley sobre eutanasia aprobada por el Grupo de Bioética de UNIJES

Lunes, 15 de febrero de 2021. El Grupo de Bioética de UNIJES (Universidades Jesuitas) formado por miembros del Institut Borja de Bioètica-URL, la Cátedra de Bioética de la Universidad P. Comillas, la Cátedra Andaluza de Bioética de la Universidad Loyola y el Grupo de Bioética de la Universidad de Deusto, han realizado la declaración “Sí a morir con dignidad, con los mejores cuidados y sin dolor” ante la proposición de ley de eutanasia recientemente aprobada por el Congreso. 

Como centros de bioética confirmamos los profundos consensos éticos que existen en los procesos del final de la vida. Hay mucho aprendido, comprendido y compartido en estos últimos treinta años. Todos estamos de acuerdo en la licitud de una adecuación del esfuerzo terapéutico, en el rechazo de tratamientos fútiles, en dejar morir en paz, en el derecho a rechazar tratamientos desproporcionados, el valor de las voluntades anticipadas, el valor de una información adecuada y del consentimiento informado, el derecho a saber y no saber, la importancia de planificar los cuidados al final de la vida.  

Como tantas personas no deseamos prolongar penosa, precaria y artificialmente la vida. Nos oponemos a la obstinación terapéutica, el ensañamiento o alargar sin sentido la existencia. Hay que dejar morir en paz a las personas. Hay ocasiones donde pensamos que lo moralmente adecuado es retirar, adecuar o limitar tratamientos después de un diálogo y conversación, no siempre fácil, entre el paciente, los familiares y los profesionales sobre la situación y los pronósticos, conversaciones serenas al final de la vida para llegar a decisiones compartidas. 

Comprendemos y sentimos hondamente el deseo de morir de algunas personas en situaciones dramáticas, en la depresión que acompaña durante años, ante la noticia inminente de un cáncer o un ELA, ante una soledad no deseada, ante la muerte de las personas que queremos y que nos dejan con un inmenso vacío, ante la realidad de sentirse una carga en algunas ocasiones, ante una dependencia que impide una mínima autonomía para algo tan sencillo como lavarse, levantarse o ir al baño.

Pero nuestra comprensión y compasión no nos lleva a pensar que lo mejor es que sus deseos de morir sean atendidos y se conviertan en un derecho. Estas situaciones dramáticas necesitan pasar por una deliberación común, por un proceso de diálogo social para preguntarnos todos qué debemos hacer. Como sociedad, la respuesta que demos a estas situaciones refleja nuestra grandeza y sensibilidad moral. 

Cultural, social, política, espiritual y religiosamente podemos y debemos dar otras respuestas a estas situaciones, respuestas muy diferentes a la eutanasia que ni es una solución ni resuelve las situaciones de dolor y sufrimiento al final de la vida. Todo lo contrario, aumenta el dolor y sufrimiento de muchas personas al final de la vida, su sentimiento de desamparo, las soluciones fáciles e inmediatas, unilaterales y simples en unos momentos donde el cuidado debe ser integral, amplio, planificado, con tiempo.  

Ningún individuo es una isla y más cuando hablamos de establecer derechos que van unidos a prestaciones sociales como es en el caso de la eutanasia. Esta dimensión social y comunitaria, que Daniel Callahan tanto subrayaba, nos debe llevar al menos a pensar detenidamente algunas cuestiones de fondo:

1. Establecer una ley de eutanasia supone, como ya dijeron Beauchamp y Childress, fragilizar el tejido de la vida. No es fácil regular la práctica de la eutanasia sin que se produzcan abusos, se rompan y salten ciertos límites, se busquen ampliaciones provocando un deterioro y fragilización del final de la vida. 
2. Establecer una ley eutanasia no favorece a las personas más vulnerables.  La mayoría de las peticiones de eutanasia tienen una causa social como la soledad, la depresión, el sentimiento de ser una carga para la familia y la sociedad, el abandono, la necesidad de afecto y calor humano, la muerte de alguien querido, las dificultades económicas o de vivienda, la falta de ayudas y de atención social, la falta de reconocimiento. Otorgar un derecho sin abordar las causas sociales de muchas peticiones es un acto intolerable. 
3. Establecer una ley de eutanasia como prestación sanitaria realizada por médicos no ayuda a la medicina ni a los médicos.  La eutanasia supone una ruptura en la tradición médica milenaria desde el Juramento Hipocrático que les impide matar a nadie, aunque se lo pidieran. La eutanasia no forma parte de la medicina, ni es un acto médico. Hay que valorar socialmente lo que supone la modificación de la función y vocación del médico, cómo afecta a su imagen social y la relación de confianza con el paciente.    
4. Establecer una ley de eutanasia como prestación sanitaria en este momento de crisis económica y social tendrá un efecto devastador sobre los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un derecho y una obligación social pues siempre mejoran la vida del paciente. No todo es posible, no son siempre una panacea, pero siempre son una ayuda y una mejora en el bienestar del paciente.  España no puede aprobar hoy una ley eutanasia cuando más de 80.000 personas anualmente no reciben cuidados paliativos de calidad.  
5. Establecer una ley de eutanasia supone preguntarse si nos estamos tomando en serio la autonomía y la dignidad de las personas. La petición de morir tiene un significado mucho más amplio que el literal. Son muy escasas las peticiones de eutanasia autónomas, “sin ninguna presión externa”, tal como pide la ley. Muchas demandas de morir esconden otro tipo de peticiones y demandas: atención, cariño, reconocimiento, cercanía, etc. Proporcionar la eutanasia, sin atreverse a bucear en la hondura de una petición de un deseo de morir es todo lo contrario de una muerte digna.  Los factores sociales del deseo de morir hacen que la autonomía no pueda darse tan claramente cómo se supone.  
6. Esta proposición de ley no es una ley dialogada. No se han consultado a las asociaciones de enfermos de cáncer, de mayores, de discapacitados, de enfermos con enfermedades degenerativas, de tetrapléjicos, etc. No se han tenido en cuenta a la Organización Médica Colegial ni el dictamen del Comité de Bioética de España.
7. Esta proposición de ley no está siendo demandada. Es necesario dejar las ideologías y acercarse en este tiempo de pandemia a la brutalidad de lo real, a las verdaderas demandas de la realidad de más de dos millones de mayores solos, un veinte por ciento afectados por una depresión, un incremento de los intentos de suicidio, la realidad oculta del maltrato de cerca de 200.000 mayores, unas ayudas a la dependencia que no llegan, unas 80.000 personas al año que mueren sin cuidados paliativos de calidad, unos 30.000 enfermos tetrapléjicos que solicitan al Estado más ayudas, unos 30.000 enfermos de cáncer mayores de 65 años viven solos, etc. Hay un peligro de no atender estos verdaderos problemas.